Apuesta por el diálogo para el regadío en la presa de Siles

Lillo dice que la Junta tendría que renunciar a sus derechos y deberes sobre la presa de Siles y ser declarado de interés general

El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, confía en que la Junta recapacite sobre su negativa a hacerse cargo de la construcción de las conducciones para regadío de la presa de Siles. Asegura que se trata de una competencia que le fue cedida por el Estado en 1984.

“Si ustedes son incapaces de cumplir con sus obligaciones, desde el Gobierno de España estamos dispuestos a realizar las obras", defiende. Además, indica que tiene que ceder el paso a la Junta, que tiene el derecho y la obligación de hacerlas.

De esta forma, el subdelegado del Gobierno ha salido al paso de las recientes declaraciones de altos cargos de la Junta, especialmente de su delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo. Asegura que niegan las competencias de la Administración andaluza para la realización de ese proyecto, interpretando de forma errónea la legislación existente, especialmente la Ley de Aguas de 2001 y el Real Decreto de 1984 sobre el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimiento, saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.

Juan Lillo ha lamentado que la Junta haya provocado esta polémica entre administraciones y, sobre todo, que intente sembrar la confusión entre los agricultores con el único objetivo de eludir sus obligaciones y dirigir sus carencias y desaciertos contra el Gobierno de la nación. No obstante, se ha mostrado partidario de buscar soluciones mediante el diálogo y tratar de alcanzar un acuerdo.

Previamente, el subdelegado del Gobierno ha expuesto las razones legales que demuestran que las obras referidas a riegos son competencia autonómica y no estatal. En lo que se refiere a la Ley de Aguas de julio de 2001, Juan Lillo ha explicado que su artículo 46 dice que son obras hidráulicas de interés general y, por tanto, competencia de la Administración General del Estado (AGE), las “necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico”, es decir del río y de su cauce, pero en ningún caso aquellas de infraestructuras para riegos.