El Tomillo. Número 8, letra A, de la calle Cándido Carpio. La casa es pequeña. Para entrar hay que quitarse de en medio una cortina. Hay obras en la casa de al lado: ruido y polvo. El salón es estrecho, y del sofá a la mesa camilla hay sólo un poco más de distancia que de ésta a la televisión, donde ahora emiten Zapeando. Son poco más de las cuatro de la tarde del lunes 23 de octubre. Dentro de la casa están María Jesús Díaz Molina —delgada, morena de piel, 57 años— y el mayor de sus hijos, Julián Mena Díaz (15), estirado en el sofá, dormido. Pronto llegará su hermano Juan José (14) con un colega. Los menores, incluido el amigo, saben qué va a pasar dentro de una semana, pero esta tarde no parecen inquietos: el lunes 30 a las 09:30 horas tienen que abandonar la vivienda que habitan desde hace siete años. Es la segunda ejecución hipotecaria y no hay alternativa habitacional. La madre ha pedido al banco una prórroga de dos meses.

—Otra vez me echan a la calle —dice Díaz Molina.

Lo dice en un tono seco, casi de rabia.

La casa no es de María Jesús Díaz Molina. El dato es tan real que complica aun más su suerte. Sí es cierto que la historia de la pequeña vivienda, propiedad de una entidad bancaria, es rocambolesca.

Un primo de María, ya fallecido, compró esta casa para vivir con su pareja. Pidió una hipoteca que no pagó. Antes de eso, rompió con su mujer y alquiló el piso a su prima. María reconoce que ni siquiera entonces, hace unos siete años, tenía solvencia suficiente para afrontar el pago. Si lograba reunir dinero cada mes era porque la ayudaban desde Servicios Sociales. Empleaba entonces la fórmula del alquiler social: 400 euros al mes. Y salía adelante. Ya estaban los niños, y nunca hubo rastro del padre desde que el menor estaba en el vientre de María.

Sin Andrés Morilla, la deuda de la hipoteca creció y creció. Así llegó la primera ejecución hipotecaria en noviembre de 2015. El contrato de alquiler entre los familiares quedó caduco. Papel mojado. “La alternativa del Ayuntamiento fue la instalación de esta familia en el albergue municipal, exponen desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Es la segunda orden de desalojo que recibe María Jesús Díaz. Fotografías: Ana Pancorbo.
Es la segunda orden de desalojo que recibe María Jesús Díaz. Fotografías: Ana Pancorbo.

“HABÍA OTRA GENTE OKUPANDO EL PISO AL QUE FUI”

La historia se repite. Otra vez María ha recibido una copia del servicio común de notificaciones y embargos.

—La otra vez me dijeron —alude a Servicios Sociales— que me iban a dar un alquiler social pagando 50 euros cada mes, para vivir en el Polígono de El Valle —recuerda ella hoy, sentada en el sofá.

Le dieron dos opciones: un bajo en el sector uno o un séptimo en el sector cuatro.

—Pedí el bajo por los niños y por mi edad. Y cuando fuimos nos encontramos que había okupas. ¿Cómo iba yo a echar a gente que estaba en las mismas condiciones? —se pregunta.

Si bien hay lagunas en su relato, María salvó aquella primera situación límite. Aún hoy vive con sus hijos, de los que no contempla separarse bajo ningún concepto.

—Gracias a Dios no tuvimos que irnos —dice.

EL APOYO DE ALGUNOS VECINOS

Vicenta Hervás es amiga y vecina de María. Al saber que venía este medio al barrio, Hervás avisó a otros residentes que aprecian a María, como Lola Amate y su hijo, Tomás Quesada. Han querido arropar a la mujer antes de la fecha que todos temen.

Amate recuerda que ella ya estuvo el año pasado, cuando la iban a echar.

—Nos hemos criado juntas —cuenta.

Todos tienen buenas palabras hacia ella, y de pronto el salón se ha hecho más pequeño. Vicenta, Lola y Tomás están de pie, escuchando a María.

Vicenta Hervás —a la derecha—, Lola Amate y su hijo, Tomás Quesada, vuelven a apoyar la vecina de El Tomillo.
Vicenta Hervás —a la derecha—, Lola Amate y su hijo, Tomás Quesada, vuelven a apoyar la vecina de El Tomillo.

Vicenta parece la amiga que más necesita la madre soltera en apuros, porque le pide que no desista de buscar una alternativa y que no pierda ni las formas ni la esperanza.

María es agradable en el trato. Su ‘esperanza’ es la PAH, pero ella misma sabe que está muy difícil. Se alegra del caso de la familia de Villanueva de la Reina, que ha pospuesto su drama hasta enero del año que viene. María iba a personarse el día del desalojo.

La jiennense tiene tres hermanas con las que no quiere vivir; su propia familia no será una alternativa habitacional.

—Yo tampoco me voy con mis tías —dice Julián.

MÁS DE 2.300 LANZAMIENTOS DESDE EL AÑO 2013

La cifra de lanzamientos consecuencia de ejecución hipotecaria en los Juzgados de Primera Instancia de Jaén es de 2.318 desde 2013 hasta el segundo trimestre de 2017, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

En 2016 hubo 525. Un año antes, 2015, 539. En 2014 la cifra fue muy similar, de 526, pero bastante superior a los 447 de 2013.

En el primer trimestre de 2017 van 149; en el segundo trimestre fueron 132. Es decir, ya ha habido al menos 281 lanzamientos en lo que va de año. Entre un tramo y otro, el 25 por ciento de las ejecuciones son de alquiler. Las de alquiler se disparan.

Términos porcentuales: desde 2015 a 2016 bajaron un 2,6 por ciento. Desde 2014 hasta 2015 subieron un 2,5 por ciento. Y el incremento más considerable se dio entre 2013 y 2014, pues llegó al 17,7 por ciento.

Este año, en el primer trimestre subieron un 12 por ciento, mientras que en el segundo han bajado un 8,3 por ciento.

EL DESEMPLEO, LA REMONTADA IMPOSIBLE

Los reunidos en la casa que previsiblemente dejará de ser la casa —y que legalmente nunca fue la casa— de María coinciden en que sólo es posible remontar la situación precaria si ella logra un trabajo. El último lo tuvo hace tres años gracias a una bolsa municipal del Ayuntamiento. Trabajó limpiando cunetas. Aquel mes de empleo resultó un tiempo feliz, no solo por la economía; también influyó en el estado de ánimo. Dice que iba con ganas, que tenía alegría.

Ahora se siente una mujer débil, apta para trabajos como cuidar a personas de mayores o ser asistenta del hogar, como lo fue antes de vivir en la calle Cándido Carpio.

—He trabajado en la fresa, en la aceituna, en el algodón y en todo lo que hizo falta. Pero entonces estaba joven. Ahora tengo la espalda que parece una ese.

Las manos. En las manos —grandes en comparación con el resto del cuerpo— también se advierte que la salud no está como antes.

Por más que Vicenta mande audios de WhatsApp para que se sumen vecinos a la cita con la prensa, hoy no entra nadie más a la casa.

La casa está en el número 8 de la calle Cándido Carpio.
La casa está en el número 8 de la calle Cándido Carpio.

María ha recibido ayuda de la Asociación de Vecinos Unidos por la Merced y de la federación Ciudadanos por Jaén. Comida y mejora de un calentador averiado, precisa.

La PAH también ayudó a frenar el anterior desalojo, según confirma la portavoz Ana Cárdenas. Además, el colectivo quiere mandar un escrito al banco para forzar un alquiler social. El papel de la plataforma es muy difícil. Y el mensaje se repite: las administraciones deben mediar con los bancos. Ahí, señalan desde la PAH, hay ausencia de política social.

Pese a que esta vez todo está más complicado, María mantiene la calma:

—¿Qué voy a hacer? ¿Pegarme un tiro?

La mujer admite que su situación es difícil de revertir.
La mujer admite que su situación es difícil de revertir.

Los hijos también han asimilado como normal esta situación, reproducida de nuevo. ¿Qué harán el lunes, a las 09:30 horas?

—Que venga quien quiera. Yo de aquí no me muevo —responde desde el sofá Juanjo.

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