Imagen de archivo de un aula.
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La Fiscalía archiva el caso de los menores que supuestamente violaron a otro por ser inimputables por su edad, lo que abre un debate en la sociedad de índole legal, periodística y política

La Ley del Menor vigente en España dice que el menor de 14 años no puede ser sometido a enjuiciamiento penal. Se parte de la base de que hay un déficit de culpabilidad, pues el niño no está en condiciones de darse cuenta de lo que la Ley exige. La edad penal en España se establece en los 18 años, pero es a partir de los 14 cuando se pueden exigir responsabilidades conforme a la Ley Orgánica 5/2000. Es decir, entre los 14 y 18 años, se aplica la normativa, pero con un régimen jurídico particular. Estos límites establecidos por los legisladores son hoy objeto de debate a raíz del caso ocurrido en la sierra de Cazorla. Cuatro menores, todos por debajo de los 14 años, supuestamente han agredido sexualmente a otro de nueve. Debido a su edad, la Fiscalía ha tenido que archivar la causa.

No pueden ser juzgados ni aplicarles medidas penales. ¿Qué pasa ahora? ¿Este presunto delito se queda impune? El debate está servido, no solo en la provincia de Jaén, sino en todo el ámbito nacional. Porque este suceso ha traspasado las fronteras de un pequeño pueblo de la sierra de Cazorla o de una provincia rodeada por un mar de olivos. Ha conmocionado a todo el país y casi todo el mundo tiene algo que decir. De momento, quien tiene la última palabra ahora es la Junta de Andalucía. Será la Consejería de Políticas Sociales la que decida sobre el futuro de estos cuatro menores. Ya fueron suspendidos de forma cautelar del centro. Pero antes, tiene que concluir la investigación administrativa abierta.

El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maetzu, reclama programas de recuperación para la víctima, formación para el profesorado y acciones de educación sexual para los agresores.

Uno de los más beligerantes en este asunto es el director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (Iapae), Rafael Romero. Este es un colectivo de carácter privado que realiza labores de mediación con familias y menores acosados en Andalucía. Romero asegura que este caso “no cambiará nada”. “Seguirán ocurriendo casos mientras no se admita el problema y la responsabilidad”, asegura.

LOS MEDIOS

En el ojo del huracán también estamos los medios de comunicación. ¿Dónde está el límite? ¿Se preserva la identidad de agredido y agresores? ¿Estamos empeorando la situación al aplicar una presión mediática excesiva? Maetzu pide “responsabilidad” a los medios de comunicación para que no identifiquen a los menores implicados. Lo mismo reclama la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

“Entiendo que hay que informar y es importante que haya transparencia, pero en los medios, depende de como se trate una noticia, el impacto en el entorno de una familia es uno u otro, y hoy esa familia se siente mal y hay un acoso importante en el municipio”, ha afirmado Díaz a preguntas de los periodistas. Alerta de que los padres de la víctima se “sienten mal” y que existe un “acoso” a las puertas de una casa de una familia que vive en un municipio muy pequeño donde todos se conocen.

POLÍTICA

El tablero del debate tiene varios frentes abiertos. Al judicial y al periodístico, se le suma el político. El primero en anunciar que iba a llevar al Parlamento andaluz este asunto fue Ciudadanos, que exige la comparecencia de la consejera. Pero no es el único. El PCE de Jaén va a elevar al Grupo Parlamentario de IULV-CA la petición de responsabilidades, en el Parlamento de Andalucía, por las presuntos graves hechos. Y pone los ojos en las administraciones como responsables. “Según tiene conocimiento esta formación política, el problema con el niño agredido viene ya desde tiempo atrás, sin que en este caso las autoridades de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, ni del Ayuntamiento de la localidad hayan tomado cartas en el asunto para prevenir una agresión como la ocurrida, ni de cualquier otra índole”, denuncian.

INIMPUTABLES

No es la primera vez que un suceso acaba en Jaén sin responsabilidades penales por ser supuestamente cometido por menores. El más reciente fue el pasado verano y tuvo que ver con los incendios forestales. En agosto, la Guardia Civil anunció que estaba investigando a un menor de edad como presunto autor de un delito contra el medio ambiente. Concretamente, se le achaca un delito incendio forestal a raíz del fuego declarado en El Portichuelo. El investigado iba acompañado de otros dos menores, los cuales por su corta edad son inimputables.

En aquel episodio, fueron evacuadas tres viviendas y los clientes de un restaurante de la zona. Además, la Guardia Civil procedió al corte de la vía A-6050. Tuvo lugar el 13 de agosto, en el paraje de “Los Vadillos” y en las proximidades de la carretera A-6050, en el punto kilométrico 5,000. Las investigaciones indican que las causas del fuego fueron intencionadas, al intentar, supuestamente, los tres menores, producir una hoguera, para controlarla con posterioridad y subirlo a plataformas de internet. Las diligencias fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Menores en Jaén.

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