Jaén en Común ya se ha cansado de Castillo

El grupo municipal inicia la vía para intentar rescatar el servicio y pide la revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato con la empresa del autobús urbano

Empezar por el transporte público y seguir con la recogida y tratamiento de basuras, la limpieza viaria y el control público del agua. Jaén en Común tiene en su mente un objetivo, la recuperación de los servicios municipales esenciales y ha empezado con Autobuses Castillo. Primero fueron los tornos y, ahora, se propone que se declare nulo el contrato, porque para la formación política se trata de Autobuses "Castigo".

Ya han dado los primeros pasos. La candidata a la Alcaldía, Mar Rodríguez, junto a los concejales Pablo Foche, María Dolores Nieto y Sara Martínez ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento en el que piden que se inicie un procedimiento de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del Decreto de Alcaldía de julio de 2005. Este documento es el que establecía una prórroga del servicio de transporte urbano a la Sociedad Herederos de José Castillo, S.L. Se propone, además, que se incluya este debate en el orden del día de un próximo pleno municipal.

“Hace falta construir un fuerte sector público municipal y por lo tanto implantar un servicio de transporte público gestionado por el Ayuntamiento que sea moderno, sostenible y útil para la ciudadanía. Se acabó el castigo", señala Mar Rodríguez en alusión a la empresa Castillo. Para Rodríguez, volver a gestionar este servicio de manera pública es un paso "decisivo" para recuperar la soberanía municipal y una oportunidad de impulsar políticas de empleo, seguridad ecológica, cultural, afectiva y social y avanzar en conseguir una vida "decente y digna". 

Conviene recordar el reciente informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía analizando la actividad sujeta a la ley de contratos del sector público que ejecutó el  Ayuntamiento en 2016. La institución observó "incumplimientos" y se fija en Autobuses Castillo, cuya relación contractual se ha alargado hasta 2036. "Está impidiendo de facto la convocatoria pública de la licitación del servicio, apreciándose en ello la vulneración de principios sobre los que pivota la contratación pública, tales como los de concurrencia, igualdad, transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos”, determinó la Cámara de Cuentas.