Con prisa y sin pausa

El Ayuntamiento apremia a las cinco urbanizaciones fuera de ordenación para que aceleren el proceso de regulación antes de que se anule el PGOU de 2014

Hay cuestiones en las que no se puede esperar a que truene para acordarse de Santa Bárbara, y la regularización de las viviendas levantadas en suelo no urbanizable es una de ellas. La suspensión de la orden ditacta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para anular el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2014 abre la puerta de la esperanza a las cinco zonas residenciales en Suelo Urbano No Consolidado, conocidas con el acrónimo SUNC. El alcalde, Javier Márquez, se reunió, a instancias de Objetivos Comunes, con los representantes vecinales de La Manseguilla, Tentesón, Cerro Molina y Los Bermejales para analizar la situación en la que se encuentran. Y una cosa quedó clara: El tiempo es oro.

Las urbanizaciones deben acelerar todo lo que puedan el proceso de regulación antes de que el PGOU quede definitivamente anulado. Sobre todo, tienen que meterse prisa en los trámites burocráticos, como la constitución de las juntas de compensación, para continuar, de manera paralela, con la urbanización, parcelación y dotación de servicios con el objetivo de que, en una última fase, sean recepcionadas por el Ayuntamiento. Solo de esta manera podrán abandonar su situación de alegalidad.

El presidente de la junta gestora de La Manseguilla, Fernando Sánchez, reconoce que el encuentro con el regidor fue un balón de oxigeno, pero que son conscientes de que el reloj corre en su contra. Por tal motivo, pide a los vecinos que redoblen los esfuerzos a la hora de sumarse a las juntas de compensación que, en el caso de La Manseguilla, ya supera el 50% de los propietarios. Es decir todo pasa por agruparse y pagar los gastos de urbanización para no verse de nuevo en la casilla de salida del PGOU de 1996. Para Fernando Sánchez, si pisan el acelerador todo podría estar listo en año o año y medio. El Ayuntamiento, por su parte, debe concluir los informes medioambientales de estas zonas y la Junta de Andalucía levantar la suspensión parcial del PGOU. Las dos administraciones coinciden en trabajar desde la lealtad institucional, de forma coordinada y siempre desde el respeto a las decisiones judiciales, en aras de la defensa de los intereses generales de la capital y del conjunto de la ciudadanía.