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"Si algún brote se descontrola, volveremos al confinamiento"

Por Esperanza Calzado - Julio 08, 2020
"Si algún brote se descontrola, volveremos al confinamiento"
Sanitarios jiennenses. Foto: Junta de Andalucía

La Junta advierte de que si alguno de los quince brotes actuales o cualquiera futuro se salen de control no dudará en confinar el área que sea necesaria

Andalucía mantendrá dos semanas más el nivel 2 de emergencia y las 400 medidas especiales adoptadas para combatir el Covid-19. Lo hará con los datos en la mano que certifican 15 brotes repartidos en prácticamente todas las provincias de la comunidad a excepción de Jaén, Córdoba y Sevilla. Uno de los casos que más preocupa es el último detectado en Granada y visto lo que está ocurriendo en Cataluña, con el confinamiento de la población de la comarca lleidatana del Segriá, a la Junta no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones.

"Si algún brote se descontrola, volveremos al confinamiento", defiende el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Jaén no se encuentra, de momento, en esta tesitura. Con 15 casos confirmados por prueba PCR en los últimos 15 días y tras acumular tres jornadas sin contagios, su tasa de incidencia se mantiene en el 2,4.  Actualmente, a falta de la actualización que la Junta realice al mediodía, se registran 15 brotes en Andalucía, dos más que el lunes. Uno se ha detectado en el Poniente de Almería (4 PCR positivos) y otro en Granada con seis casos. Ambos están en fase de investigación. 

Para el Gobierno autonómico, el balance de las semanas desde que se autorizó la movilidad entre provincias "es positivo". "La responsabilidad nos obliga a seguir siendo prudentes y por ello se va a mantener el nivel 2 de Emergencia", anunció ayer el portavoz Elías Bendodo, quien hizo un llamamiento a la responsabilidad de los andaluces y de los turistas. Pero en caso de que se complique, la Junta "no descarta" tomar "medidas drásticas" como las adoptadas en Cataluña o Galicia.

PROTOCOLO PARA DETECTAR CASOS

A la hora de localizar a las personas afectadas, la guía Protocolo de aplicación de medidas especiales en materia de Salud Pública en caso de infección por SARS-CoV-2 hace referencia a si la adherencia es voluntaria o a si no lo hacen voluntariamente. En el primero de los casos, la unidad responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica debe hacer todo lo posible para localizar a la persona afectada y conseguir que se adhiera a las medidas prescritas. Para ello, si procede, implicará a las unidades de trabajo social de salud y las entidades sociales que puedan facilitar la resolución del problema, y contará con los ayuntamientos y las policías locales, comunicando todas las actuaciones realizadas a los juzgados correspondientes.

Identificado el paciente, se realizará un requerimiento escrito informando sobre su condición de caso o contacto de Covid-19, de la necesidad de su aislamiento y seguimiento clínico hasta su alta epidemiológica para evitar riesgos a otras personas, conminándoles a seguir las recomendaciones y advirtiendo de que se recurrirá a la intervención de la autoridad sanitaria en caso de su negativa. De este documento, en caso necesario, debe acusar recibo el interesado. Para ello, se le hará entrega al caso o casos, en la medida de lo posible, a través de la enfermera gestora de casos. Quien entregue el documento deberá informar a la persona interesada de los aspectos relevantes y de la importancia de mantener el aislamiento y de seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios.

Una vez firmado por la persona interesada, será entregado al responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica, quien lo incorporará al expediente correspondiente. En caso de rehusar a firmar, la enfermera gestora de casos indicará que se ha entregado el documento y que se niega a firmar. Igual que para el caso anterior, el documento será entregado al responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica, quién lo incorporará al expediente correspondiente.

La Unidad responsable elaborará siempre un informe que detalle las circunstancias clínicas y epidemiológicas, evaluación del riesgo detectado, los incumplimientos constatados, haciendo constar las medidas que se han intentado y los esfuerzos realizados por diferentes ámbitos y profesionales. En el mismo, se preverá también si el domicilio reúne las condiciones para el aislamiento o si es necesario un recurso habilitado al efecto u hospitalización obligatoria si procede. En caso necesario, se solicitará la colaboración de ayuntamientos, entidades locales u otras organizaciones o empresas que pudieran estar implicadas en la resolución del asunto.

RESISTENCIA

Ante las circunstancias de rechazo a las medidas de aislamiento o de imposibilidad de localización de una persona, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones, diferenciando si es un caso individual o si son agrupaciones de casos.

Si son casos individuales, se debe hacer lo posible para localizar a las personas afectadas y conseguir su adherencia voluntaria a las medidas prescritas. Tras el requerimiento escrito al afectado, en el supuesto de que la persona afectada rehúse firmar el acuse de recibo, la enfermera gestora de casos indicará que se ha entregado el documento, que se niega a firmar y que se le ha informado de los aspectos relevantes y de la importancia de mantener el aislamiento. Igual que para el caso anterior, el documento será entregado al responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica, quién lo incorporará al expediente correspondiente.

Si esta comunicación no surtiera efecto, se remitirá a la Delegación Territorial de Salud y Familias correspondiente, con la declaración de la enfermera gestora de casos reflejando la negativa a acatar las directrices. Al no conseguirse el aislamiento efectivo, la autoridad sanitaria correspondiente solicitará la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la Delegación del Gobierno. Será esta quien coordine los medios para la localización, traslado y custodia del/la paciente. Simultáneamente, por parte de las autoridades intervinientes, se informará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre los riesgos para la salud pública que justifican medidas excepcionales de la autoridad sanitaria.

En función de las necesidades, la autoridad sanitaria podrá determinar y movilizar los recursos necesarios según la gravedad de la situación, siempre manteniendo abierta la posibilidad de obtener el consentimiento del paciente. Por otro lado, en el caso de agrupaciones de casos, se elaborará un informe que detalle las circunstancias clínicas y epidemiológicas, evaluación del riesgo detectado, los incumplimientos constatados, haciendo constar las medidas que se han intentado, la valoración del riesgo y las propuestas de medidas correctoras.

CASOS EN MUNICIPIOS O PROVINCIAS

Se especificará el ámbito geográfico, actividad empresarial o poblacional en el que se circunscriben los contagios. Los informes se remitirán de forma urgente a la Delegación Territorial de Salud y Familias correspondiente y, con ellos, se enviará también toda la documentación acreditativa del intento de contacto. Esta documentación servirá de base para la toma de decisiones por parte del dispositivo operativo local. En aquellos casos en los que exista una afectación de la población superior a lo local (municipio o provincia), será la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica quién recibirá la citada documentación y coordinará la ejecución de las medidas. Una vez recibida la documentación, la Delegación Territorial de Salud y Familias competente, o la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en su caso, determinarán las medidas necesarias para minimizar al máximo el riesgo de propagación de la epidemia.

Simultáneamente, las autoridades intervinientes informarán al Juzgado sobre los riesgos para la salud pública que justifican medidas excepcionales de la autoridad sanitaria previstas en la Ley 3/1986, dando traslado de la resolución prevista en el Protocolo. En caso de necesidad, la autoridad sanitaria, convocará y organizará de forma urgente el dispositivo operativo local previsto en el citado Protocolo.

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