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El 'caso Matinsreg' salpica a más concejales

Por Javier Esturillo - Junio 19, 2018
El 'caso Matinsreg' salpica a más concejales

El exedil de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral, deberá declarar como investigado, al igual que una familiar de José Merino, empresario también imputado

La red de posible corrupción en el Ayuntamiento de Jaén en la contratación de la empresa Matinsreg para mantenimiento de las fuentes de la capital se extiende a más concejales del anterior mandato. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén ha citado a declarar al exedil de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral Negrillo, como investigado el próximo día 26 en la causa abierta por pagos "inflados" a la compañía zamorana. También deberá sentarse ante el magistrado Antonio Valdivia una familiar de José Merino, el empresario que, junto con Isidoro Hipólito, era "el encargado de interceder o intermediar entre los responsables políticos del Ayuntamiento de Jaén y la empresa que se designó 'de facto' para la prestación de servicios", es decir, Matinsreg. Según ha podido saber este periódico, la investigación judicial se ha ampliado a otras empresas relacionadas con Matinsreg que también realizaron trabajos en la ciudad con cargo de las arcas municipales durante los años en los que Fernández de Moya era alcalde.

De este modo, ya son nueve las personas investigadas por el juez Antonio Valdivia, entre las que se encuentra el exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, así como la actual teniente de alcalde, Rosa Cárdenas. También aparece en la investigación el exconcejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita, al que un operario municipal acusa de obligar a firmar la aceptación de facturas de la empresa de Toro.

El ‘caso Matinsreg’ ha hecho aflorar una densa trama de posible corrupción que empezó a crecer alrededor en el Ayuntamiento de Jaén con la llegada de la empresa de Toro, como contratista del servicio de mantenimiento de fuentes, iluminación y semáforos, en el año 2012. A partir de ese momento, y según se desprende del informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del auto del juez Antonio Valdivia, a raíz de una denuncia presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista, se tejió una amplia cadena de favores y retribuciones fraudulentas con más de 3,6 millones de dinero público en juego.

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