Dolores y Manuel tienen desde ayer una propuesta de vivienda sobre la que no ha habido respuesta

El Ayuntamiento de Jaén defiende que brindó ayer al mediodía un piso en la capital y además busca con la Junta una alternativa en localidades cercanas, también a petición de la pareja

La concejal de Políticas Sociales y Somuvisa, Nines Díaz de la Torre, defiende el trabajo coordinado entre distintas entidades y administraciones a la hora de buscar soluciones para la familia del barrio de San Juan amenazada de desahucio. Díaz detalla que desde ayer tienen una vivienda pública a su disposición en la capital sin que haya respuesta por su parte. Del mismo modo, se buscan también en localidades cercanas a Jaén con el apoyo de la Junta y a petición de la pareja. “Alternativa a la vivienda ocupada se les ha ofrecido pero seguimos esperando”, sostiene.

"Hemos echado de menos al gobierno municipal y a los grupos municipales del Ayuntamiento de Jaén en el barrio de San Juan hoy para intentar hablar con el banco y con la comisión judicial para paralizar el lanzamiento". Miguel Ángel Martínez Bellón, portavoz de la plataforma PAH Jaén demandaba que tanto Ayuntamiento como Junta deben intermediar con el "fondo buitre" para formalizar un alquiler y si no es negociable ambas administraciones deben acordar buscar una vivienda municipal o de la Junta. 

En este sentido, el Ayuntamiento explica, en un comunicado, que desde hace 15 días se ha trabajado de forma coordinada con distintas entidades para buscar alternativas y soluciones a la situación de la pareja con tres hijos de entre 15 y 17 años. "Estamos ante una amenaza de desahucio por una vivienda ocupada ilegalmente, en absoluto se trata de una situación por impago de alquiler o hipoteca. Ante esta casuística poco se puede hacer", recuerda Nines Díaz de la Torre.

La edil señala que el trabajo en red se ha hecho entre la Concejalía, el Centro de Servicios Sociales de La Magdalena, el párroco de la iglesia de San Juan, Cáritas, Junta de Andalucía, Somuvisa y la Plataforma Antidesahucios (PAH). Díaz lamenta la actitud de la Plataforma “que ha estado en todo momento en las reuniones que hemos mantenido entre los distintos equipos de trabajo, que han sido muchas además”. “De puertas para adentro han avalado nuestro trabajo, nos han dicho que han notado un gran cambio en la respuesta ante estas situaciones y han valorado e incluso propuesto recursos que hemos puesto a disposición de esta familia. Pero de puertas para afuera han contado tristemente lo contrario y nos sentimos muy sorprendidos. Deberíamos alejar este tipo de situaciones de cualquier atisbo de oportunismo”, dice la concejala. 

Por otro lado, la concejal explica que se trata de una familia que vive de la venta ambulante pero que tiene problemas para justificar con unos ingresos fijos un aval de un alquiler. “Han estado cuatro años viviendo en esta casa que ocuparon en contra de la voluntad de los dueños. La orden de salida se dio hace un mes y en cuanto hemos llegado al Ayuntamiento nos hemos puesto a trabajar rápidamente en este caso. La familia ha residido en una vivienda pública que cedieron sin aviso a un familiar y a partir de ahí han vivido distintas circunstancias. Han sido perceptores habituales de ayudas económicas del Ayuntamiento”, relata Díaz.

El Ayuntamiento relata las ayudas que se les ha concedido. Entre ellas esta, por la vía de urgencia, una renta mínima de inserción que cobrarán desde agosto y que la primera cantidad ascenderá a 1.700 euros. "La familia alega que no quiere destinar este dinero a alquiler", asegura el consistorio en un comunicado. También relata que han recibido ayudas en especie para cubrir necesidades de alimentación e higiene, acompañamiento psicosocial de los profesionales y del párroco para búsqueda de posibles viviendas ante propietarios cuya confianza en el sacerdote pudiera ayudar a cerrar el arrendamiento, y ayuda económica para alquiler que complementa la que Cáritas también le brinda.

Por parte de Somuvisa se les tramita un alquiler de un trastero a un precio simbólico de tres euros para guardar enseres hasta encontrar vivienda en alquiler. También se ofrece asesoramiento jurídico y rastreo de viviendas públicas sobre las identificadas por la familia como posibles alojamientos. Todas ellas están adjudicadas y se trabaja en colaboración con la Junta de Andalucía para identificar alguna alternativa. "Se han ofrecido además alternativas en caso de salida de la vivienda ocupada ilegalmente como el albergue de transeúntes o el juvenil como solución rápida en caso de que se ejecutara la orden", concluye.