Cinco mil propietarios de viviendas alegales quieren recuperar el ‘sobrepago’ del IBI del último lustro

La Unidad de Gestión Vecinal espera que una reciente sentencia del Tribunal Urbano ajuste el tipo de impuesto con la calificación real de los terrenos

Son cerca de 5.000 viviendas repartidas en 17 asociaciones vecinales con el mismo problema: pagan el IBI como si los residentes estuviesen en suelo urbano cuando están en terreno calificado como rústico y carecen de los servicios básicos del resto de barrios de Jaén. La Unidad de Gestión Vecinal ha puesto los datos hoy sobre la mesa: ahora pagan entre “400 y 500 euros” más. El objetivo es recuperar los ‘sobrepagos’ de los cuatro años anteriores y del que está en curso.

A la rueda de prensa, celebrada en la sede de Ciudadanos por Jaén, han acudido Alberto Castro, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal; José Sánchez, vicepresidente y secretario; Miguel Ángel Martínez, vocal; Pepi Alcántara, líder de OCO, y Antonio Guerrero, de Ciudadanos por Jaén.

Sánchez ha explicado que una sentencia reciente del Tribunal Supremo, a petición de un particular de Badajoz, establece que el pago del IBI en territorios considerados como suelos rústico debe gravarse, precisamente, teniendo en cuenta la calificación del terreno. “La contribución urbana, que es la que nosotros pagamos, da acceso a derechos de los que carecemos: dotación básica de luz, acceso al agua, servicio de basura y transporte público”, ha comentado, y ha recordado que según el PGOU vigente las zonas afectadas son de suelo rústico.

Hoy, a partir de las 19:00 horas, una abogada dará información a los vecinos afectados en una cita que acogerá el Teatro Darymelia. “Ella contestará las dudas sobre la interpretación de la sentencia”, ha añadido.

LA HOJA DE RUTA, RECONOCER LAS VIVIENDAS

La Unidad de Gestión Vecinal entiende que la hoja de ruta pasa por el reconocimiento por parte del futuro equipo de Gobierno de las viviendas afectadas como de suelo urbano y, a partir de ahí, recibir los derechos que demandan.

Sánchez ha revelado que el colectivo se enmarca dentro de la Coordinadora Andaluza de Leyes Urbanísticas. “Ésta gestiona los trámites directamente con las consejerías de la Junta para reconocer las viviendas”, ha comentado.

El primer paso de la Unidad de Gestión Vecinal es hacer una petición individual al Ayuntamiento para conocer cuál es su posicionamiento con la sentencia. “Luego seguiremos las instrucciones de los abogados”, ha dicho.

Después, los afectados pedirán “plazos de ejecución” para evitar que el asunto se postergue. Uno de los escollos que afrontarán los vecinos llegado el momento es que las reclamaciones deben ser individuales, de manera que puede repetirse el episodio de las alegaciones con el mapa de riesgos en Los Puentes. Entonces hubo más de 200 alegaciones.

Tanto OCO como Ciudadanos por Jaén han brindado su apoyo a la Unidad de Gestión Vecinal. “Piden algo justo, y entendemos que están pagando mucho dinero cuando ni siquiera tienen servicios”, ha expresado Alcántara. “Es histórico que las dos federaciones vayamos de la mano. No será sólo en este asunto”, ha concluido Guerrero.