¿Volveremos a las andadas o habremos aprendido algo?
En estas últimas semanas, los ciudadanos de a pie, estamos viviendo un aluvión de noticias y proclamas ligadas todas ellas a una serie de planes relacionados con la “reconstrucción” de la situación económica originada a causa de la pandemia y consiguiente confinamiento a la que ha dado lugar el COVID 19.
Hay planes para “todos los públicos”, desde el que han elaborado algunos ayuntamientos modestos hasta el “poderoso y ambicioso de la Unión Europea, pasando, claro está, por los del Estado, Comunidades y Diputaciones. Todo un extenso y amplio catálogo, como decía antes, para “todos los públicos” y con un denominador común: contribuir a la recuperación de la economía, de la renta per cápita y la disminución de la elevada tasa de desempleo. También, las organizaciones sindicales han elaborado su particular propuesta para un “plan de reconstrucción económica y social”.
Todos los planes y propuestas, sean de la procedencia que sean, tienen un común y loable objetivo y propósito: “reconstrucción de la economía tras el brutal impacto producido por el Coronavirus”.
Si nos retraemos, como referente más próximo, al denominado “Plan E” (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) planteado en 2008 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, recordemos que su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. Ahora, por causas diferentes y motivadas por los efectos devastadores que ha producido la pandemia del COVID 19, nos encontramos ante una situación similar de efectos aún no cuantificados ni identificados plenamente que requieren de la aplicación de políticas que, por elemental prudencia y sentido común, deben mirar, recordar y tener en cuenta no aplicar aquéllas de entonces que tan nefastas consecuencias y resultados, además de ineficaces e inoperantes, produjeron en la sociedad española.
De ahí que se deba asumir, como principio ineludible, la apuesta por la eficacia y no caer en el error de una política de marketing del despropósito a la que con tanta osadía y ligereza se apuntan gestores públicos de distinto nivel de competencias y capacidad de gestión. Es deseable y recomendable que, en esta ocasión y ante la gravedad de la situación que atravesamos, aunque sea algo inusual y novedoso, nos pongamos en manos de verdaderos expertos que asuman una doble visión: la económica y la social y que acepten asumir responsabilidades y respondan de su gestión.
La enumeración de los múltiples despropósitos cometidos con el Plan E nos llevaría demasiado espacio y se nos podrá decir que sí que se asumieron entonces responsabilidades, reducidas claramente a una muy específica y concreta: la pérdida de las elecciones por el Gobierno de turno, pero ¿ya está?, ¿debemos conformarnos con esto?, ¿volveremos a las andadas en estos precisos momentos, con las lamentables consecuencias que esto lleva consigo?. No es conveniente por tanto, entre otras cuestiones, dejar la instrumentación de los fondos de recuperación que lleguen por uno u otro conducto en manos inexpertas y movidas por una inevitable inclinación hacia el “marketing político” en lugar de una eficaz y coherente gestión.
Cabría esperar y desear que, como antes decía, se recurra al sentido común, a la intervención de verdaderos especialistas y expertos, a los consejos y recomendaciones de los organismos internacionales europeos y mundiales, a los que, por cierto, en aquélla ocasión se ignoró en cierta medida y con evidentes dosis de soberbia y altanería de quienes presumían de “saberlo todo” y no aceptaron sugerencia ni recomendación alguna.
Evidentemente, el origen o “culpa” de la situación económica actual no tiene similitud con la existente entre 2005 y 2008, pues ésta se ha producido, digámoslo así, “por causas ajenas a nuestra voluntad” aunque podría tener también “raíces” de otra índole, además de que la primera afectó principalmente al sector financiero y la actual es de carácter transversal, pero si nos fijamos en datos de entonces y de ahora, al menos nos llevará a establecer nuestra propia y particular comparación:
Los datos disponibles evidencian que el país se enfrenta a una recesión con unas cifras económicas peores que las teníamos en 2008. En 2007 no hubo déficit público en España, sino que se registró un superávit que se situó en el 2,2% del PIB. Sin embargo, 2008 cerró con un déficit del 3,8%, según datos del Ministerio de Economía. En 2019 España acababa de salir del sistema de déficit excesivo de la UE, tras haberlo reducido por debajo del 3% y ahora se enfrenta a una nueva crisis producida por el coronavirus con un déficit del 2,7% al cierre de 2019. En cuanto a la deuda pública, hace 12 años ésta se encontraba en el 35% del PIB, mientras que en 2020 supera el 109% pese a que a finales de 2019 se había conseguido reducir hasta el 95%. Si consideramos los datos de empleo, éstos muestran que en 2008, antes de que golpeara la crisis bancaria, España contaba con 2,3 millones de parados en febrero de 2008, frente a los 3,2 millones del mismo mes de 2020.
En cuanto al Producto Interior Bruto (PIB), que es uno de los indicadores más claros de la marcha de la economía y se utiliza para medir la riqueza o el crecimiento de un país, antes de que se diera la crisis por el coronavirus, España estaba entrando en una situación de desaceleración del crecimiento económico pero, no obstante, crecía por encima de la media europea. En las últimas semanas el Banco de España empeoró sus previsiones para 2020, como consecuencia del coronavirus y estima un desplome del PIB en el segundo trimestre de este año de entre el 16% en un escenario de recuperación temprana y del 21,8% en un escenario negativo. Esta situación de contar con unos peores indicadores ha llevado a que la crisis de 2020 la enfrentemos con menor margen de maniobra. En opinión de Enric Serradell, profesor de Economía de la UOC, «El endeudamiento en este momento es muy superior al de 2008, por lo que el margen de maniobra por parte de España se ve reducido.
Conviene tener en cuenta algo muy significativo y de indudable importancia: la primera parte del plan E inyectó 7.836 millones de euros, y la segunda hasta 5.000 más, aunque algunas fuentes elevaron este importe a más de 50.000 y buena parte de estos fondos fueron asignados a los ayuntamientos que decidían en qué obras públicas se invertiría este dinero, en proyectos con poco valor añadido y viéndose obligados, debido a la premura con que se puso en marcha a planear inversiones con poco más de un mes de plazo, dando lugar a que algunos municipios ejecutaran obras de dudosa utilidad.. Ahora, en cambio, gran parte de los fondos (al menos esa era la intención inicial) van destinados a las empresas, pero tanto Diputaciones como Ayuntamientos, como decía al principio, ya están elaborando su “particular plan de reactivación” confiando en que también les llegará parte de los mismos.
Dicho todo esto, es oportuno preguntarse lo que citaba al principio de este artículo: ¿VOLVEREMOS A LAS ANDADAS O HABREMOS APRENDIDO ALGO?, ¿CAEREMOS DE NUEVO EN EL MARKETING DEL DESPROPÓSITO?
Diego Hurtado López
Presidente de SECOT Jaén
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