Más de 80.000 explotaciones, en peligro con el nuevo sistema de autónomos

UPA denuncia el "atropello sin precedentes" a la agricultura familiar al obligar a cotizar como autónomo a todo el que tenga ingresos por su explotación

¿Cuántos de los lectores que empieza a adentrase en esta noticia no tiene una pequeña finca agrícola? Unos cuantos olivos con los que ganarse unos ingresos extras durante la campaña y compaginarlos con sus trabajos. Jaén es tierra de agricultura familiar y de pequeñas explotaciones. A ellos afectan los cambios normativos que ya están en vigor y que UPA Jaén califica de un "atropello sin precedentes".

La disposición sexta incluida en el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril sobre medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, es el eje del problema. Define que toda persona que tenga ingresos por su actividad agraria está obligada a pagar de su cartera un sello de autónomo, independientemente de si ya cotiza en el régimen general. El caso más sangrante es el del colectivo de trabajadores agrarios por cuenta ajena, que con la aplicación de esta normativa pasaría al régimen de autónomo con la consiguiente pérdida de cualquier tipo de prestación por desempleo (renta agraria o subsidio). 

Así, por tener un euro de ingreso de la actividad agraria tienes que cotizar en el régimen de autónomos. En Jaén hay 83.000 perceptores de la PAC que ingresan menos de 5.000 euros, lo que supone un complemento para su actividad laboral. En la práctica, por tener esos ingresos agrarios, están obligados a cotizar un sello de autónomo en el SETA que oscila entre 200 y 240 euros. 

El secretario general de UPA en Andalucía y Jaén, Cristóbal Cano, lamenta que, después de varios meses de reuniones con diversos subdelegados y con el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, no se hayan dado soluciones satisfactorias. Así que arranca la campaña de recolección de la aceituna y a partir de aquí será la Inspección de Trabajo aplicará la normativa.

Cano asegura que no tiene lógica alguna porque se trata de personas cuyas explotaciones no les dan para vivir al cien por cien, sino que les sirven de complemento. "Es una aberración sin precedentes", advierte, a la par que asegura que si no se modifica puede tener unas consecuencias tan graves como que esa parte del sector, que por su pequeña dimensión no puede sustentar una cotización tan elevada, sufran un gasto extra de entorno a los 3.000 euros anuales cuando, además, en muchos casos ya estás cotizando por otra actividad. Eso significaría que más de 80.000 explotaciones estarían en riesgo de vulnerabilidad o cese.