La Covid-19 obliga a celebrar macrojuicios en Ifeja

La Consejería de Justicia invierte casi 13.000 euros para celebrar dos macrojuicios en un salón de IFEJA, uno de los cuales empieza hoy

22 personas se sientan hoy en el banquillo acusadas de pertenecer a una trama fraudulenta de adquisición y venta de móviles. Es una de usas vistas a las que se les llama macrojuicio y para las que el sistema judicial jiennense no tiene suficiente espacio, garantizando las medidas de distancia y seguridad sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad. De ahí que se celebre en el Auditorio Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén (Ifeja). Aunque este traslado ha hecho que a más de uno se le venga a la cabeza la necesidad de contar con la ansiada Ciudad de la Justicia.

Mientras tanto, la Consejería de Justicia ha invertido unos 12.700 euros para poder celebrar dos macrojuicios en las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén y garantizar así todas las medias de seguridad frente al Covid-19. Porque hay que tener en cuenta que la Audiencia Provincial de Jaén no dispone del espacio necesario para poder mantener la distancia social del elevado número de participantes en cada vista.

El contrato con IFEJA incluye la celebración de dos macrocausas que se celebrarán entre los días 9, 10 y 11 de febrero, y entre el 15, 16 y 17 de febrero. Supone un despliegue técnico importante pues no es solo contar con un espacio más grande, sino convertirlo en una auténtica sala de vistas, por lo que ha sido necesario instalar los equipos de grabación, adaptarlos con los equipos de al sala de IFEJA y enlazarlos con la red judicial.

Asimismo, se han dispuesto todos los medios para garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes, ya que, aunque existe distancia social, en los estrados se han dispuesto mamparas, al igual que en la zona de declaración de acusados y testigos, protectores de micrófonos, mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes.

En ambos juicios participarán y pasarán por la sala un número aproximado de 90 personas, entre jueces, fiscales, abogados, acusados y testigos, aunque estos últimos no están de forma permanente en el espacio, sino solo el día en el que son citados. Además, para los medios de comunicación que quieran hacer seguimiento de los mismos se ha habilitado una zona en la parte superior de la sala, donde cuentan con distancia más que suficiente. Debido a la situación sanitaria por el Covid ambos tribunales han decidido celebrar sin público.

"Hemos dotado de las mejores infraestructuras que cumplan con todas las medidas de seguridad, distancias, y que además cuenten con todos los aspectos técnicos necesarios para la celebración de un juicio", ha explicado la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, María Ángeles Adán. "Jaén no cuenta con muchos espacios grandes que cumplan los requisitos, así que desde un primer momento nos decantamos por IFEJA y, en concreto, por el Salón Guadalquivir", ha indicado Adán.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

El Consejo de Gobierno asignó, el año pasado, a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía el proyecto de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén, con el objetivo de agilizar los procedimientos de contratación necesarios para la construcción y puesta en marcha de este proyecto través de la fórmula de la colaboración público-privada, al igual que se hiciera con la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

De esta forma, el proyecto de Ciudad de la Justicia de Jaén, que cuenta con un presupuesto de 72,25 millones de euros, será asignado a los Project Managers para impulsar, a la mayor brevedad posible, esta instalación, empleando la citada fórmula de financiación, que se entiende como la más adecuada para ejecutar el proyecto de Ciudad de la Justicia, cuya demanda no ha podido ser atendida hasta la fecha por la Administración por sus propios medios.

En la actualidad, los órganos y servicios de la Administración de Justicia con sede en la ciudad de Jaén están repartidos en diversas localizaciones. Esta situación produce una disfuncionalidad importante en el servicio que se presta, requiere un elevado coste de los gastos de alquiler, que se elevan a 1.384.566,60 euros anuales, y un incremento innecesario del gasto por mantenimiento, limpieza, vigilancia, o las comunicaciones postales, telefónicas e informáticas, motivado por la referida dispersión. Asimismo, existe una insuficiencia manifiesta de espacio disponible para incorporar nuevos órganos y servicios judiciales y fiscales.