Preocupación en el sector agrario por el Plan Estratégico de la PAC

Junta, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias definen como un "cheque en blanco" las medidas que quiere presentar el Gobierno central

Las organizaciones agrarias andaluzas Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias muestran su preocupación tras conocer, de manera extraoficial, la propuesta de acuerdo realizada por el Ministerio de Agricultura para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Consideran que el documento que España presentará en la Comisión Europea para su aprobación es un "cheque en blanco muy perjudicial para Andalucía".

Se trata de una propuesta que, a juicio del sector, no refleja las negociaciones previas y todo el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ahora en las numerosas reuniones sectoriales. Destacan tres puntos fundamentales que hay que negociar y que, según el documento que ha trascendido, pueden ser "muy dañinos para la agricultura y la ganadería andaluzas": número de regiones, ecoesquemas y fondos para el desarrollo rural.

Respecto al establecimiento del número de regiones, que diferencia el importe por hectárea de la ayuda básica a la renta, la propuesta del Ministerio señala una simplificación del modelo actual con un máximo de 20 regiones, en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes. Es decir, el documento propone entre 4 y 20 regiones, cuando ese máximo supone ya una reducción más que importante, del 60%, con respecto al anterior periodo, en el que había 50 regiones. Por tanto, presenta un gran recorte de regiones que perjudicaría gravemente la diversidad productiva andaluza.

El segundo caballo de batalla también es una demanda relacionada con el respeto a diversidad productiva de la comunidad: la definición de los ecoesquemas, que consumirán entre el 23 y el 25% del presupuesto del primer pilar. Estos pagos compensarán a aquellos productores que asuman prácticas en beneficio del medio ambiente y deberían primarse de forma muy similar dentro de cada una de las regiones que se concreten. Las organizaciones agrarias señalan, asimismo, que la propuesta no determina un reparto de los fondos para desarrollo rural, cuyo presupuesto debería ser acorde a la importancia del complejo agroalimentario andaluz.

Además, las organizaciones agrarias y las cooperativas insisten en que con esta propuesta no solo perdería el sector, sino todos los andaluces. El complejo agroalimentario es un motor socioeconómico fundamental para la región, que dinamiza el medio rural, genera empleo (más del 10%) y riqueza (cifra de negocios supera los 18.000 millones de euros), equilibra la balanza comercial (con un saldo positivo cercano a los 6.500 millones de euros),  contribuye a la conservación del medio ambiente y fija población al territorio.

POSICIÓN DE UPA

Una apuesta valiente por la agricultura familiar y profesional. Es lo que pide UPA Andalucía al Gobierno para cerrar un Plan Estratégico Nacional que defienda el modelo mayoritario de nuestra región. El secretario general de la Organización, Cristóbal Cano, califica de poco ambicioso el primer borrador y que, entre otras cuestiones, no define cómo se hará el pago redistributivo, cómo será el techo de ayudas ni qué cultivos vulnerables estarán dentro de las nuevas ayudas asociadas, entre otros temas fundamentales para UPA.

Cristóbal Cano considera positivo que se mantenga la intención de aplicar el pago redistributivo, pero afirma que UPA Andalucía “no acepta que se las medidas que se establezcan en el Plan Estratégico desvirtúen este gran avance". "Andalucía no puede permitirse que la redistribución de los fondos públicos hacia las pequeñas y medianas explotaciones no se lleve a cabo tal y como avanzó el propio ministro de Agricultura en nuestro 8º Congreso celebrado en abril", advierte.

POSICIÓN DE LA JUNTA

Tampoco convence a la Junta. El secretario general de Agricultura, Vicente Pérez, considera que el planteamiento del Gobierno no despeja dudas sobre aspectos básicos que son necesarios definir antes de alcanzar un gran pacto. “No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco”, ha recalcado.

Vicente Pérez considera fundamental contar con estudios de impacto para que los consejeros de las distintas autonomías puedan adoptar una decisión con garantías suficientes en la Conferencia Sectorial prevista en principio para la próxima semana.

En general, desde Andalucía se reclama una mayor definición de los planteamientos esbozados y, al mismo tiempo, se recuerda que el acuerdo alcanzado en Luxemburgo permite aplicar el actual modelo andaluz con un incremento de las medidas ambientales, un modelo basado en la regionalización de las ayudas, como el pago básico a la renta y a los ecoesquemas, y en el sistema de derechos. Estos elementos se consideran esenciales para el reconocimiento de la diversidad de la agricultura andaluza, como han defendido al unísono tanto el conjunto de organizaciones profesionales agrarias como la Junta.