Las amenazas perpetuas de la cantera de Fuente la Peña

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se enzarzan en una nueva batalla por el litigio para clausurar la explotación minera

Indignación. Esta palabra condensa el estado de ánimo de las partes implicadas en la clausura de la cantera de la Fuente de la Peña. Cuando parecía que se habían dado pasos importantes para dar carpetazo definitivo a un problema que se pierde en el tiempo, la polémica vuelve a estar servida entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, ante el malestar generalizado de las organizaciones en defensa del patrimonio natural, como Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos el Cerro de la Peña, especialmente dura contra las administraciones por permitir que todavía queden resquicios legales para que la actividad regrese a la cantera. Lo avanzó el alcalde, Javier Márquez, en el último pleno, en el que soltó, en medio del debate y con un monumental enfado, que la cantera podría volver a extraer la piedra de las entrañas del cerro al estimar el juez el levantamiento de la suspensión cautelar de la explotación. Según informó el regidor, por los perjuicios económicos que pueden ocasionar a la empresa y porque la Junta no presentó alegaciones en su momento. Y, a partir de ahí se armó el belén.

La Administración autonómica reaccionó de inmediato y en un comunicado instaba al Ayuntamiento, como titular del terreno sobre el que se asienta la cantera, a "ejercer sus competencias" para zanjar la cuestión y evitar que se retome la explotación. "Debe dejar de mirar a otras administraciones y ejercer sus competencias", dice la nota, en el que la Junta deja claro que intervino a raíz de la demanda ciudadana, pero, advierte, "en el marco de sus competencias y hasta donde pueda llegar". "Así lo seguirá haciendo ante la inacción del Ayuntamiento", señalan las autoridades autonómicas.

Es más, la Junta de Andalucía ha recurrido el auto de sala primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que se suspende cautelarmente la resolución emitida el pasado junio por el Gobierno autonómico declarando la caducidad de la concesión de explotación de la cantera de La Quebrada, junto al paraje de la Fuente de la Peña. El recurso de reposición se presentó el 31 de octubre y fue aceptado el 2 de noviembre. La delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, va aún más lejos e insiste en la Junta presentó alegaciones. Estas, según explica, fueron enviadas el día 4 de octubre y aceptadas por el tribunal dos días después. En este sentido, replica al alcalde que el auto del juez lo que dice es que “en esas alegaciones no se dan las necesarias para haya una medida cautelar” como el cierre de la explotación. "Nosotros eso lo sabemos, sabemos que fuimos al límite buscando el cierre de la cantera y ahora el juez tendrá que valorar. Pero en este procedimiento, nuestro gabinete jurídico alegó y eso es muy fácil de demostrar porque esas alegaciones están presentadas", reitera.

La responsable autonómica también se muestra especialmente crítica por la actitud del regidor. "Una de dos, o no leyó el auto y le pudo las ganas de montar el espectáculo sorpresa en el pleno o ha mentido claramente y sabiendo que lo hacía a la ciudadanía, haciendo un ejercicio da manipulación, de tergiversación de la información, dando a entender que la Junta había hecho una dejación de funciones cuando eso es falso. Me ha molestado mucho", sentencia.

"LIBRES Y EXPEDITAS" ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento quiere que las fincas municipales de la Fuente de la Peña y La Imora queden "libres y expeditas" el día 31 de este mes, una vez concluye . Así se lo notificó, el pasado 6 de noviembre, a la empresa que explota ambas canteras, tal y como se recoge en el escrito que hace la mercantil, con fecha de día 5 de diciembre, en el que notifica a la Administración local la presentación de un recurso de reposición ante la decisión municipal de "extinción del contrato de arrendamiento". Para la delegada del Gobierno, esta notificación demuestra que el Ayuntamiento podría haber rescindido el contrato y el cese de la actividad "mucho antes" y, de este modo, "habernos ahorrado todo el proceso", subraya.