El juez no descarta la "detención ilegal o tortura" en el caso de Linares

No se descarta que durante la instrucción se añadan nuevos cargos una vez escuchadas las versiones de los testigos de la agresión de la semana pasada

Mucho se ha hablado durante la última semana de lo ocurrido en Linares. El viernes, una agresión en la que se vieron implicados dos policías, hoy en prisión provisional a la espera de juicio, detonó la mecha de una movilización social que acabó con 14 detenidos, agentes heridos y también ciudadanos. En este último apartado hay una investigación abierta sobre el uso inadecuado de armas para dispersar a los manifestantes. Pero, mientras tanto, también se avanzan en las pesquisas del altercado del viernes. 

Ahora ya se conocen los detalles del auto que dictó el juzgado de guardia para enviar al subinspector y al agente a prisión, decisión con la que sindicatos policiales no están de acuerdo. Sin embargo, el magistrado sí lo tenía claro y, además, no descarta que a los arrestados se les puedan imputar nuevos cargos. 

Según el documento, consultado por Lacontradejaén, a los dos agentes se les investiga por un delito de lesiones agravadas con penas de dos a cinco años de prisión. Sin embargo no descarta que, tal y como solicita la acusación particular de manera inicial, "podría dar lugar a que incluso se añadan nuevos cargos a los investigados como el de detención ilegal o tortura". 

Y es que la decisión inicial del juez se tomó teniendo en cuenta la versión facilitada por los dos investigados, además de las pruebas gráficas aportadas. Ahora, avanza la investigación tomando declaración a los testigos, por lo que no se descartan nuevos cargos. Para el juez está clara la "desproporción" con la que actuaron los agentes, agravada más si cabe por su condición de servidores públicos. "Es evidente que los detenidos actuaron desproporcionadamente y por tanto ejecutaron hechos susceptibles de reproche penal", independientemente de quién comenzó la pelea. 

¿Por qué los mandó a prisión? Porque estima que "es bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir de la acción de la justicia ante la elevada entidad de la pena de prisión que se les pudiera imponer". También por la probabilidad de "ocultación, alternación o destrucción de fuentes de prueba", reza el auto.