Los presupuestos pasarán por el Consejo de Participación Ciudadana

El concejal de Hacienda confía en que el borrador esté lo antes posible e insiste en que el deseo del Ayuntamiento es que sea debatido por colectivos y agentes sociales

El proyecto de presupuestos municipales para 2018 se someterá al debate de colectivos y agentes sociales. Esa es la intención del equipo de Gobierno y, en especial, del concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, quien espera que el borrador esté lo antes posible para que pueda exponerse en el Consejo Local de Participación Ciudadana. Posteriormente, irá a la Comisión de Hacienda para, finalmente, será remitido al pleno, donde los grupos municipales podrán fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento. Sin olvidar, que será preciso enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que dé el visto bueno definitivo. Conviene recordar que las cuentas del presente ejercicio reflejarán, entre otras cosas, la supresión dos organismos autónomos, la Escuela Taller y la Gerencia de Urbanismo.

El departamento de Jesús Bonilla lleva desde el pasado verano trabajando en el proyecto de presupuestos, si bien un año más será aprobado con retraso. De hecho, en el actual mandato el equipo de Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante las cuentas antes de acabar cada ejercicio, algo que ha sido muy criticado por la oposición. "Es evidente que esta no es la gestión y el control de las cuentas que necesita una ciudad con 700 millones de deuda y cuyos vecinos reclaman algo más de quienes les gobiernan. Javier Márquez suspende en lo más básico que se le pide como alcalde, que son unas cuentas reales al año”, critica la viceportavoz socialista Mercedes Gámez, quien lamenta que, otro año más, la ciudad no tenga las cuentas en tiempo y forma.

Desde el pasado 1 de enero, el presupuesto de la ciudad es el de 2017, que se prorroga automáticamente al no haber presentado el PP ni siquiera un borrador de las cuentas. En este sentido, Mercedes Gámez apunta que, en condiciones normales prorrogar un presupuesto ya supone un desajuste en la gestión de una ciudad, “puesto que las cuentas de hace un año nunca pueden dar respuesta a otro año diferente, con otros problemas y otras necesidades”, advierte.