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El decreto sobre la PAC revive las movilizaciones del sector olivarero

Por Esperanza Calzado - Enero 27, 2021
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El decreto sobre la PAC revive las movilizaciones del sector olivarero
Protesta olivarera en la A-4, en Andújar. Foto: Esperanza Calzado

Parte del campo andaluz y jiennense se levanta contra el ministro Luis Planas y manifiesta su rechazo al decreto de convergencia aprobado por el Gobierno

No. Basta una única palabra para describir el sentimiento que desde ayer tiene buena parte del sector agrario andaluz y jiennense. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en 2021 y 2022 de los decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común (PAC) en España. Una normativa que tiene el rechazo del buena parte del sector. Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén denuncian que esta norma es "muy dañina" para el modelo social y profesional de la agricultura.

"Se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato", alertan estas tres organizaciones, que anuncian "contundentes movilizaciones" en cuanto el la pandemia de la Covid-19 lo permita. Mientras tanto, UPA Jaén lanza un mensaje de tranquilidad a los olivareros y defiende medidas para un reparto de la PAC "más justo y social con las que ganarán las explotaciones que más lo necesitan", a su modo de ver.

Según defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, esta norma, que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre, permitirá continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado, hasta la aprobación definitiva en el ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Este real decreto permite, durante este periodo de transición, dar continuidad con total seguridad jurídica al pago de las ayudas directas que perciben agricultores y ganaderos, así como al de las medidas de los programas de desarrollo rural. Se realizan las adaptaciones necesarias para garantizar una transición fluida y gradual entre un periodo y otro.

En el régimen del pago básico, que se abona en base a un sistema de derechos agrupados en 50 regiones diferentes, se continúa con la convergencia paulatina del valor de todos los derechos de cada región hacia su valor medio regional. El objetivo es que dos agricultores que realizan una actividad igual en la misma región reciban la misma cuantía de pago básico, que es la principal ayuda a la renta de los productores.

Este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda.

POSTURAS EN CONTRA

Las organizaciones agrarias jiennenses Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias manifiestan su rechazo al Real Decreto de Convergencia por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023. En sus palabras, para el sector agrario andaluz supone "un grave perjuicio" para el modelo social y profesional de la agricultura, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región.

Consideran que lo aprobado  por el Gobierno es una reforma "brutal" con una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores. Por último, las organizaciones agrarias reiteran su compromiso de luchar para que esta situación cambie y se respete el esfuerzo ejercido durante generaciones por este sector clave para el presente y el futuro de la alimentación y de Jaén.

Mientras tanto, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha iniciado una ronda de contacto con las organizaciones dentro de las reuniones bilaterales solicitada por las entidades representativas del sector agrario andaluz para abordar este problema. Crespo demanda continuar aplicando el actual modelo de convergencia y se rechaza la decisión unilateral del Ministerio de acelerar el proceso actual, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC. El Gobierno andaluz ha lamentado que desde Madrid se trate de imponer una tasa plana encubierta, a través de un proceso acelerado de convergencia.

Ante la publicación en el BOE del Real Decreto, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reitera su posición contraria a la aplicación de una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022.  Esta organización es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia al año 2023, coincidiendo con la aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan Estratégico Nacional.

LA POSICIÓN DE UPA

Finalmente, UPA Jaén defiende que los agricultores necesitan de "medidas valientes" para un reparto de la PAC más "justo y social". Por eso lanza un mensaje de tranquilidad a los olivareros en referencia al periodo de transición para los años 2021 y 2022, porque "no habrá quebranto económico alguno". Así lo asegura el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano: "Cuando cobren la subvención sometida a esa convergencia, este año y el próximo, comprobarán que redundará en un beneficio de la mayoría de los derechos de cada región y por ende de la gran mayoría de solicitantes. Esta convergencia se hace desde el inicio del Pago Básico y en caso de que haya perjudicados serán los que cobran grandes cantidades por derechos que pueden deberse a un posible engorde artificial de los mismos, no por ser buenos agricultores".

UPA Jaén entiende que, frente a lo que sostiene la Junta de Andalucía, el decreto de transición para 2021 y 2022 beneficiará "a la gran mayoría de agricultores que solicitan las ayudas de la PAC y, por supuesto, ganarán los pequeños y medianos productores, que son la gran mayoría en nuestra provincia y en Andalucía". "Tenemos muy claro que quienes tengan una mayor repercusión serán aquellos que tienen unos derechos muy elevados. Por eso reclamamos a la Consejería que explique si lo único que pretende es defender los intereses de los grandes terratenientes y por eso quiere el 'status quo', que no haya cambios que beneficien a la agricultura familiar", concluye Cristóbal Cano.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno de España, Catalina Madueño, ha explicado que la convergencia de la Política Agraria Común (PAC) avanza hacia una distribución más equitativa y justa de las ayudas, “que tendrá una repercusión positiva en los pequeños y medianos olivareros de la provincia”. Insiste en que la propuesta que ha hecho el Ministerio de Agricultura, y que ha contado con el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas, “es dar un trato preferente en las ayudas a quienes más dependen de los ingresos vinculados a la actividad agraria, especialmente las explotaciones familiares y profesionales, que son la gran mayoría en nuestra provincia”.

Este mecanismo de convergencia se basa en lo recomendado en el reglamento transitorio y es continuación de la convergencia que se inició en 2015 y que el Ministerio ha propuesto que concluya en el periodo 2023-2027, respondiendo así a las necesidades detectadas en los análisis realizados en los dos últimos años en relación a este régimen de ayuda. La Comisión Europea recomendó a España, en su reciente comunicación del pasado 18 de diciembre, la necesidad de avanzar en esa convergencia para que exista una distribución más equitativa de las ayudas, “y no exista discriminación en base a referencias históricas establecidas hace más de 15 años”. “Lo que va a ocurrir a aquí es que los agricultores que cobran por encima de la media, que en la provincia son muy pocos, se van a acercar a la media, y los que cobran por debajo, en la provincia son mayoría, también se van a acercar a la media. Es decir, el reparto será más justo, más razonable y acabará con desigualdades que estaban perjudicando a los pequeños y medianos olivareros de la provincia”, ha insistido la subdelegada.

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