La Junta tiende la mano al Ayuntamiento para salvar los "grandes proyectos" de la ciudad

La delegada del Gobierno andaluz traslada su "total colaboración" a la Administración municipal tras la anulación del PGOU

La anulación -casi definitiva- del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto el desarrollo urbanístico de la capital en una situación comprometida. Sin embargo, una cosa está clara: tanto el Ayuntamiento de Jaén como la Junta de Andalucía están por la labor de salvar los "grandes proyectos" pendientes de ejecución en la ciudad, principalmente el nuevo centro comercial y el palacio de deportes. El Ejecutivo autonómico está dispuesto a echar una mano para facilitar las cosas a la Administración municipal. Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, a preguntas de los periodistas.

De este modo, ha destacado que "lo que sí puede tener claro el Ayuntamiento" es que la Junta está "colaborando absolutamente para que los proyectos clave de esta ciudad salgan adelante". Como ejemplo, "lo ha podido comprobar" con el Olivo Arena, para el que en "prácticamente en 24 horas" se agilizaron trámites "para que estuviera publicado en el BOJA el decreto que daba luz verde" a este proyecto.

Para Ana Cobo, "no se para nada" porque Jaén tiene "un PGOU, que es más antiguo y es verdad que no contempla algunas de las modificaciones que incorporaba el nuevo, pero sigue teniendo un plan y una normativa que permite a través de modificaciones puntuales seguir trabajando", ha declarado Cobo solo 24 horas después de que la concejal de Servicios Técnicos e Imefe, Rosa Cárdenas, criticara la "irresponsabilidad" de la Junta al no haber adaptado "en 17 años" la legislación autonómica a la normativa europea, lo que "ha supuesto un grave perjuicio" para la capital.

En este punto, la responsable autonómica ha replicado que la Administración regional "tenía una normativa incluso más exigente que la propia directiva de la Unión Europea" y esta fue la que se estaba "aplicando no sólo en Andalucía, sino también en otras regiones en toda España" en referencia la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), obligatoria por una directiva europea de 2001 y su transposición en la ley estatal de 2006, y de la que carecía el PGOU.