La descatalogación de Las Protegidas, ahora o nunca

El compromiso del Ayuntamiento y la disponibilidad de la Junta apuntan a la descatalogación como fin de un conflicto que se eterniza y desespera a los vecinos

El caso de Las Protegidas parece más cerca de salvar el escollo que se prolonga casi década y media, la descatalogación que afecta a 484 familiares de cuatro núcleos urbanos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). El alcalde de Jaén, Javier Márquez, ha mostrado su compromiso de acabar con esa protección y darle vuelta a un escenario que está sin cambios desde 2004. La Junta también está predispuesta, aunque no haya especificado aún la hoja de ruta.

Márquez ha recibido esta semana a la asociación San Eufrasio, presidida por Juan José de la Torre. En la cita, celebrada en el Ayuntamiento, el munícipe remarcó una idea: la protección no ha servido de nada, carece de sentido y ha propiciado un problema de "primera magnitud".

Además, el alcalde trasladó al colectivo que tuvo un encuentro con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para establecer "reuniones conjuntas" que concluyan en la solución del problema. La hoja de ruta del Ayuntamiento es lograr primero la descatalogación y ejecutar después políticas rehabilitadoras.

EL HARTAZGO DE LOS VECINOS

La federación vecinal OCO celebra que Juan José de la Torre haya tomado las riendas de la asociación vecinal. "Conoce perfectamente la situación, porque es administrador de fincas y lleva años luchando por este asunto", explica Pepi Alcántara, líder de 'OCO', en declaraciones a este diario.

Está por ver cuál es la dirección que toman los vecinos, dado que hay divisiones en cuanto a cuál es la medida más fructífera: la descatalogación o la rehabilitación de las viviendas. "Llevamos trece años escuchando promesas sobre las viviendas de Las Protegidas y queremos que se materialicen", señaló De la Torre en la reunión con Márquez, según trasladó el equipo de Gobierno en un comunicado.

Que el Ayuntamiento y la Junta comparta ahora signo político —sin olvidar que Cs también apuesta por la descatalogación— es un motivo de confianza para los afectados. En la reunión de finales de marzo entre residentes y el delegado de Fomento, Jesús Estrella, también quedó esa sensación. La predisposición de la Junta es total, si bien no descartó otras vías.

Estrella criticó que el anterior Gobierno andaluz gastase, según dijo, 700.000 euros de dinero público en estudios e informes que, a su juicio, son "ocurrencias y promesas". Trece años después, las familias esperan una solución política.