¿Quién paga al dentista?

La Policía Nacional detiene en Jaén a un hombre que denunció de forma fraudulenta la reclamación de una deuda por un tratamiento bucal

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Jaén a un hombre que había denunciado la reclamación de una deuda por parte de una financiera que él no había contratado, sospechando que alguien le había usurpado su identidad. Tras diversas indagaciones, los investigadores desmentían los hechos denunciados. Al parecer, lo que se pretendía era anular la deuda reclamada.

En su denuncia, el detenido relataba que llevaba varios meses recibiendo diferentes correos electrónicos en su cuenta particular por parte de una entidad financiera en los que se mencionaba que tenía contraída una deuda. Según el relato de la Policía, tras ponerse en contacto telefónico, la gestora le decía que la deuda ascendía a 3.000 euros y que hacía referencia a un tratamiento bucal que había recibido en una clínica dental de la capital. Mostrando su extrañeza, el arrestado manifestó que él en ningún momento había contratado los servicios.

HERMANO

Los primeros pasos de la investigación se centraron en solicitar y analizar la documentación en la que aparecían los datos del detenido, que no entendía cómo la financiera estaba en posesión de su email y fotocopias de su D.N.I., así como de su cartilla bancaria, no reconociendo como suya la firma que figuraba estampada en los documentos.

Posteriormente, los agentes averiguaron que la persona que estaba recibiendo el tratamiento bucal era una mujer y que el hermano de la supuesta víctima tenía contraída una deuda de 2.000 euros con el marido de ésta. Al parecer, se acordó que el deudor se haría cargo del tratamiento, si bien la financiación estaría a nombre su hermano, el arrestado, ya que trabajaba en un bar y tenía nómina. De esta manera, sería más fácil que la financiera le prestara el dinero.

La encargada de realizar los trámites fue la directora de la clínica, quien relató a los agentes que recordaba al matrimonio y que el tratamiento lo financió otra persona. Concretamente, la falsa víctima que se había personado en las dependencias sanitarias para firmar el contrato.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, así como los gastos derivados de la investigación que supuso el empleo de recursos humanos y materiales, siendo distraídos de las funciones de prevención y represión del delito, misiones éstas encomendadas a la Policía Nacional, generando un perjuicio a los ciudadanos y a la Administración Pública al tratarse de una denuncia falsa.