Un exalcalde acorralado

El PSOE pide once años de prisión para José Enrique Fernández de Moya mientras que el Ayuntamiento de Jaén reclama seis

Se le acumulan los problemas al exalcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya. No solo se tiene que enfrentar a la pena de prisión solicitada por el Partido Socialista sino a la de su propio ayuntamiento. El escrito de acusación en el conocido como caso Matinsreg presentado por la corporación municipal jiennense, al que ha tenido acceso Radio Jaén Cadena Ser, solicita hasta seis años de prisión para el expresidente de los populares en la provincia.

No es la única petición a la que se tiene que enfrentar. Según se pudo saber la semana pasada, el Partido Socialista ha reclamado la apertura de juicio oral y reclama para el exsecretario de Estado de Hacienda once años de prisión. De acuerdo con los datos aportados por Europa Press, demandan que se condene a Fernández de Moya por los delitos de prevaricación, malversación continuada y cohecho. No se quedan ahí. Por el delito de prevaricación reclaman, además, diez años de inhabilitación absoluta y por el de prevaricación continuada, ocho de cárcel y 20 años de inhabilitación. 

A finales de marzo, el caso Matinsreg volvió a colarse en el pleno del Ayuntamiento de Jaén, esta vez sí para convertirse en una comisión de investigación. Todos los grupos, incluido el Partido Popular, votaron a favor de su creación, a excepción del concejal no adscrito Iván Martínez. Las supuestas irregularidades en la contratación municipal, afloradas también por el Tribunal de Cuentas, fueron protagonistas de la última sesión plenaria.

El caso Matinsreg ha sacado a la luz todo un entramado de presunta corrupción que comenzó con la llegada de la empresa de Toro. Fue la contratada para prestar el servicio de mantenimiento de fuentes, iluminación y semáforos, en el año 2012. A partir de ese momento, y según se desprende del informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del auto del juez Antonio Valdivia, a raíz de una denuncia presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista, supuestamente se produjo una trama de favores y retribuciones fraudulentas con más de 3,5 millones de dinero público en juego.