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¿VIOLENCIA EN LAS AULAS?

¿VIOLENCIA EN LAS AULAS?

Por Esperanza Calzado - Diciembre 08, 2018

Diez profesores jiennenses levantaron el teléfono para denunciar que habían sufrido agresiones verbales por parte de alumnos o profesores. Un caso más que el año pasado y preocupa que cada vez se dan en edades más tempranas. ¿Existe violencia en las aulas? Hablamos con representantes del docente

"Necesitas un buen polvo", "no estoy de acuerdo con el suspenso, es injusto, y protestaré en la Delegación para que no te dejen dar clase", "hija de puta, te voy a matar, tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer", "no me da la gana, tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Déjame en paz y hazlo tú". No son frases inventadas, ni cogidas al azar. Son algunas de las cosas que profesores han tenido que escuchar de boca de sus alumnos, en la mayoría de los casos. Éstas, y muchas más que por decoro no se recogerán en este artículo, están reflejadas en el informe "Las agresiones a las profesoras en los institutos de secundaria andaluces: una verdad incómoda", encargado por la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA).

—Se están produciendo agresiones a docentes y la administración intenta taparlo todo lo que puede, en algunos casos quitándole la razón a la profesora.

Javier Puerto es el presidente del colectivo que encargó este informe en primavera, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Reconoce que decidieron hacer la encuesta porque no existen estudios públicos que reflejen las agresiones, verbales y físicas, que reciben los docentes en los centros públicos al cabo del año. "Era una manera de hacer una radiografía y sacar a la luz lo que para ellos es un problema que se intenta ocultar o que, en ocasiones, se minusvalora", asegura.

¿Existe violencia en las aulas? ¿Hasta qué punto? ¿Está mutando con la llegada de las nuevas tecnologías? Los estudiantes pasan un 12% de su tiempo en clase, por lo que educar en un ambiente de respeto hacia los profesores es una tarea de toda la sociedad. Así lo entienden sindicatos como CSIF, que alerta de que es un problema al que no se le está prestando la debida atención.

El Teléfono del Defensor del Profesor de ANPE es ya conocido por muchos desde su nacimiento, hace trece años y, en cierta medida, puede servir para tomar el pulso a este problema. Aunque lo cierto es que son muchos los docentes que no denuncian por miedo, vergüenza o porque se ven desalentados. Es totalmente anónimo. El maestro que haga uso de él no tiene por qué facilitar sus datos.

—El año pasado tuvimos nueve denuncias en Jaén, mientras que en este último curso han sido diez. En el conjunto de Andalucía han subido más. 

En total, 138 casos que se distribuyen en 33 en Málaga, 16 en Almería, 18 en Cádiz, 8 en Córdoba, 19 en Granada, 14 en Huelva, 20 en Sevilla y 10 en Jaén.

Los datos los facilita Enrique Víboras, secretario de Comunicación de ANPE en Jaén. Se muestra preocupado por un fenómeno que se podría calificar de nuevo. Son los grupos de WhatsApp de padres de alumnos de Infantil y Secundaria, principalmente, de los que no se hace un "buen uso", a modo de ver del colectivo. Denuncia que se dedican a poner en cuestión la labor docente y no piensan que sea el medio. No se para de hablar mal y de poner en cuestión el trabajo del profesor. Así, se está dando el caso de profesores que llaman para preguntar qué pueden hacer ante esta situación. Es uno de los problemas a los que se enfrenta el maestro y que comparte con este teléfono. Hay situaciones que se han tenido que derivar la consulta a la asesoría jurídica, dada la gravedad, y, en otros, ha acabado en denuncia.

—Ahora mismo hay padres que no valoran la figura del profesor. Por eso, por cosas como estas, es por las que pedimos una Ley de Autoridades Docentes, porque no tenemos un marco al que acogernos.

Entre los diez casos constatados en Jaén, se ha dado, por ejemplo, el de una profesora a la que han hecho fotos para luego compartirlas con el móvil o redes. Este es un fenómeno que cada vez preocupa más. El manejo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes les inquieta. Del balance del curso 2017/18, el sindicato destaca que han descendido las agresiones a un 4%, es decir, a dos o tres casos en toda la comunidad. Sin embargo, están preocupados de que algunos de los problemas empiezan a una edad temprana, en Infantil y Primaria. 

El sindicato destaca la buena relación que mantiene con la Delegación de Educación en Jaén con respecto a este tipo de problemas. Se intenta arreglar el conflicto por la vía del diálogo antes de llevarlo más allá, explica Víboras. Este periódico ha intentado conocer la opinión de la Administración Autonómica al respecto, pero no ha obtenido respuesta. 

LA AGRESIÓN DE 2016

En 2016 se produjo una agresión física que hace poco volvió a los tribunales y está pendiente de sentencia. Un profesor de enseñanza Secundaria fue agredido el 3 de febrero de 2016 en un instituto de Jaén. Según consta en la resolución del Juzgado de Menores de Jaén, un alumno se dirigió al profesor y le amenazó diciéndole, entre otras expresiones: "Te voy a cortar la cabeza,... ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia”. Posteriormente –sigue la sentencia–en la Jefatura de Estudios el menor propinó un puñetazo en la cara al profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión y ansiedad, lesiones que curaron con la primera asistencia facultativa en 22 días, dos de los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

Tras la denuncia y diversas actuaciones, el 20 de septiembre de 2016 el Juzgado de Menores de Jaén condenó al joven, un menor con antecedentes por este tipo de problemas, a un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico. Además, debía indemnizar al maestro con 1.580,48 euros. 

Tiempo después, habida cuenta de que los representantes legales del agresor no abonaron el concepto por responsabilidad civil por declararse insolventes, los servicios jurídicos de APIA trasladaron la carga a la propia Junta, responsable, a su entender, en última instancia del marco laboral donde tuvieron lugar las agresiones. El pasado 5 de octubre de 2018 tuvo lugar una vista judicial en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla. Tras esta sesión, Javier Puerto alerta de que se intenta "justificar lo injustificable". Y es que en el argumentario de la Administración autonómica, de acuerdo con los datos facilitados por APIA, se considera el suceso producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante”. "Como si formase parte de la cotidianeidad docente el que se amenace personalmente y a la familia o se golpee", alerta el colectivo que reclama dimisiones. 

 
 

¿QUÉ SE PIDE?

Sindicatos como CSIF luchan por la seguridad en la aulas, por defender y proteger a los docentes ante cualquier tipo de acoso y agresión. Para ello, consideran fundamental el reconocimiento y mejora de la figura de autoridad pública: no sólo en su presunción de veracidad y en su prestigio laboral, sino también en su protección. CSIF presentó, en enero, los resultados de una encuesta que revelaba que el 90% del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en los centros de educación primaria y secundaria de España. El informe indicaba que 9 de cada 10 sufren u observan algún tipo de violencia en el desarrollo de su trabajo. Es habitual que los docentes convivan con situaciones de conflictividad de baja intensidad, hecho que perjudica el normal desarrollo de la actividad docente. 

Desde ANPE y El Defensor del Profesor se entiende que para avanzar en la reducción de los problemas de convivencia en las aulas andaluzas es necesaria una mayor dotación de recursos, tanto en formación del profesorado en resolución de conflictos como en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas. Se mantiene la exigencia a la Junta de Andalucía para que dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas. Otra de sus reivindicaciones es la reducción de la creciente carga burocrática que, a su modo de ver, lastra el ejercicio docente.

A nivel estatal, demandan al Ministerio de Educación y Formación Profesional que elabore e implante, en colaboración con las comunidades autónomas, un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que armonice la actual dispersión y disparidad normativa en materias fundamentales como la prevención del acoso, las sanciones a las conductas contrarias a la convivencia, la asistencia jurídica y psicológica a las víctimas de la violencia en el ámbito escolar, la reeducación de los agresores o la autoridad del profesorado.

APIA también reclama que se desarrolle la Ley de la Autoridad del Profesorado, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas. También reclaman mayor transparencia en estos casos y más apoyo a los docentes. Y es que, a su modo de ver, muchas veces no se trata de sancionar, porque hay que entender cada uno de los casos en su contexto, sino de educar. Pero lo importante es que no se silencien y que los docentes se sientan respaldados y que no teman a denunciar o entiendan que no sirve de nada. 

¿Incomoda que exista violencia en las aulas? La palabra no implica agresión física, sino que también puede ser verbal y acoso psicológico. Lo cierto es que alerta que por primera vez las denuncias que se plantean en Primaria superen a las de Secundaria. Inquieta que padres se sumen al proceso de desautorizar al maestro de sus hijos. El Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, no se sorprende con que los casos vayan a más, incluso entre progenitores. "¿Cómo van a respetar los niños la autoridad de los maestros si hay padres que no la respetan, da lo mismo que sea cara a cara o por WhatsApp?", se ha cuestionado en un reciente artículo a raíz de las conclusiones del Informe del Defensor del Profesor. La orden de 20 de junio de 2011 adopta las medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos. En el anexo IV se hace referencia al protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente. ¿Cuántas veces se ha utilizado en la provincia de Jaén? ¿El resultado final ha sido positivo? Estas y otras preguntas se quedan sobre la mesa al no haber podido constratarlos con la Delegación de Educación en Jaén.

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