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Desarticulada una organización que sometía a trabajadores a condiciones que rozaban la "esclavitud"

Por Esperanza Calzado - Octubre 03, 2019
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La operación, una de las más importantes desarrollada en España en los últimos años, comenzó con la quema de una furgoneta en Fuerte del Rey

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas en Huelva, Jaén, Córdoba, Badajoz y Albacete, entre las que se incluyen cinco empresarios, acusados de un presunto delito de trata de seres humanos. Presuntamente se aprovechaban de la situación de necesidad de las personas para someterlas a condiciones de trabajo que rozaban la "esclavitud". Se estima que pueden ser hasta 600 las víctimas que han pasado por la organización, entre ellos muchos empresarios del sector agrario. De esta manera se ha desarticulado una organización delictiva que explotaba laboralmente a víctimas captadas en Rumanía y Moldavia. 

Fue el 22 de febrero, en Fuerte del Rey, cuando efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén acudieron a la llamada del incendio de una furgoneta estacionada en un camino rural. Fue un episodio que dio mucho que hablar. Tanto que la Guardia Civil tomó testimonio a vecinos y a los propios afectados. Era la punta del iceberg para destapar una operación que, tal y como adelantó Lacontradejaén en ese momento, ya llevaba quince detenidos en diferentes puntos de España y que tiene calado europeo. Hoy, se han dado a conocer los detalles de toda la operación que se ha saldado con 16 arrestados.

La subdelega del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha estado acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Luis Ortega Carmona, y el teniente coronel jefe del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Unidad Central Operativa (UCO), Javier Rogero Martín. "Se trata de una de las operaciones más importantes desarrolladas en España contra la trata de seres humanos en los últimos años", ha destacado Madueño. "Estaban en condiciones inhumanas, casi como esclavos", ha lamentado la subdelegada.

Han sido intervenidos cinco vehículos, dos de alta gama y los beneficios que obtuvieron roza el millón de euros mensuales. Se han tomado 150 declaraciones y se calcula que hasta 600 personas pueden haber sido víctimas entre las personas de origen rumano y moldavo que trabajaban en situación de casi "esclavitud", pero también los empresarios que desconocían la situación y que pagaban de acuerdo a la legalidad pero este dinero no llegaba al trabajador, sino que presuntamente se lo quedaba la empresa intermedia.

Entre los detenidos figuran miembros de la organización criminal y empresarios de distintas provincias españolas, que disponían de la mano de obra de estas personas ilegalmente. Dos de ellos son jiennenses. Además, entre las víctimas hay más de una docena que trabajaban en la provincia de Jaén, entre ellos un matrimonio que estaba en Fuerte del Rey, que posteriormente fue trasladado a Villanueva de la Reina y de ahí a Huelva. 

Se trata de la operación Urofort, desarrollada por el instituto armado con detenciones y registros en las provincias de Huelva (zonas de La Palma del Condado y Almonte entre otras), Jaén, Córdoba (Nueva Carteya), Badajoz y Albacete. Se investigó a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. De la investigación se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número tres de Jaén. Tal y como publicó este periódico, a raíz de aquel incendio en Fuerte del Rey y de la toma de declaraciones, la Guardia Civil empezó a detectar incongruencias como que al parecer se utilizaban nombres falsos y que esperaban a recibir instrucciones para ir a trabajar a otros tajos, ya sea en Jaén o en otras provincias.

¿Cómo funciona la trama? Se trata de una organización que supuestamente falsifica identidades o las usurpa, en connivencia con gestorías, para que inmigrantes acudieran a Andalucía a trabajar en las diferentes campañas agrícolas como la fresa o la aceituna. Se trata de un fraude por la cotización a la Seguridad Social de las personas a las que suplantaban. Aquí, los propios empresarios han sido víctimas también porque ellos pensaban, en todo momento, que estaban haciendo la contratación legal. De hecho, los olivareros afectados por esta trama procuraban buenos alojamientos y buenas condiciones para los temporeros.  

Se utilizaba, pues, la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España. Todo ello con el único objetivo de proceder a la explotación laboral de las mismas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como de aceituna, fresa y uva, entre otras. Las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.

El ámbito geográfico de actuación, en el que operaba el grupo investigado, abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada. De esta manera, la investigación se centró en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz y Huelva, aunque derivaron otras vinculaciones a nivel nacional e internacional, por lo que se contó con la colaboración en la investigación de miembros de Europol especializados en este tipo de ilícitos penales. 

Los “captadores” de la organización aseguraban a las víctimas que, una vez en España, residirían en unas condiciones dignas, tanto laborales como de vida, algo que posteriormente se incumplía, viviendo en condiciones de semiesclavitud y de precariedad extrema, llegando en alguno de los casos a pasar varios días sin poder comer.

El operativo ha permitido liberar a 18 personas que estaban sometidas que ahora están trabajando, totalmente integrados y en condiciones dignas gracias a un empresario onubense. Se han detectado 145 víctimas del delito de trata de seres humanos, habiendo sido identificadas y posteriormente liberadas 18 de ellas, de nacionalidades rumana y moldava. La estimación es que hasta 600 se puedan haber visto afectadas. 

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